Una estimación conservadora indica que uno de cada 10 alumnos tiene algún trastorno que le impide aprender lo que enseña el maestro o el profesor que cada día se para al frente del aula. Una de esas llamadas dificultades específicas del aprendizaje (DEA) es la dislexia, a la que se le atribuye el primer lugar en la lista de causas de fracaso escolar. Anteayer, el Congreso aprobó un proyecto de ley que garantiza el derecho de esos chicos y adolescentes a la educación y el acceso al diagnóstico y el tratamiento oportunos.
Esta nueva ley, garantiza el derecho a la educación y a una NO estigmatización, al derecho de un diagnóstico y tratamiento. La norma, que espera la promulgación y la reglamentación, obliga al sistema de salud a cubrir la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento de las DEA, además de su difusión con campañas. La ley también se ocupa de la formación docente para reconocer estos trastornos en el aula y poder intervenir a tiempo para facilitar el proceso de aprendizaje. No se enseña sobre las DEA en la carrera de magisterio. No hay ni una sola materia dedicada a eso. Entonces, los futuros docentes aprenden a enseñar, pero no a reconocer por qué los alumnos podrían no aprender.
Las DEA no diferencian entre niveles de ingresos o educación. Son un conjunto de trastornos que generan dificultades para leer, escribir o hablar, principalmente. Esto afecta el aprendizaje. Es una dificultad genética con una base neurobiológica. Está comprobado por numerosos estudios por neuroimágenes que el cerebro procesa la información de distinta manera que alguien sin una DEA.
A los padres se les hace sumamente difícil pagarlo y hasta el momento no era cubierto porque no se consideraba que perteneciera al área de la salud. Es más: a muchos padres de nivel socioeconómico más limitado les resulta imposible acceder al tratamiento, porque en los hospitales no hay servicio de tratamiento psicopedagógico para estas dificultades. Las obras sociales sólo aprueban el tratamiento por el Plan Médico Obligatorio (PMO) en los casos de discapacidad. Y estos chicos no tienen discapacidad. Ahora, se espera que el Poder Ejecutivo promulgue la ley y la reglamente. Un tratamiento para un chico con dislexia dura unos 2 años y, actualmente, las obras sociales y prepagas cubren 25 sesiones de psicopedagogía o fonoaudiología, que son casi tres meses de atención. El resto lo tienen que cubrir los padres y, a veces, los prestadores no cuentan con los especialistas necesarios.
Con la ley, ahora todos en el área de educación y salud tendrán que saber qué es la dislexia, por ejemplo, y una vez que un chico tenga el diagnóstico, en el colegio se tendrán que hacer las adaptaciones de acceso y forma de los contenidos obligatoriamente.